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Marco legal

Artículo 82º de la Constitución Política del Perú de 1993 que señala:” (...).Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control”.

La Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República de 22.Jul.2002.

Art. 6°; “El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de políticas y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes”.

Art. 22º Inciso u); “Establecer los procedimientos para que los titulares de las Entidades rindan cuenta oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión”.

Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno numeral 3.7 Rendición de Cuentas que señala: “La entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados, para cuyo efecto el sistema de control interno establecido deberá brindar la información y el apoyo pertinente.”

Directiva Nº 008-2001-CG/OATJ, aprobada por Resolución de contraloría Nº 054-2001-CG de 16 de mayo de 2001 (esta Directiva sería sustituida por una nueva Directiva de Rendición de Cuentas, elaborada dentro de los alcances del Proyecto de la presente exposición).

Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad en su Art. 4° inciso b), señala como uno de los objetivos de dicho sistema: “Elaborar la Cuenta General de la República a partir de las rendiciones de cuentas de las entidades del sector público.” El concepto de rendición de cuentas del Sistema Contable (que únicamente incluye gestión financiera), es menos comprehensivo respecto del concepto asumido por el Sistema Nacional de Control.

 

Lineamientos Estratégicos de la Contraloría General 2006-2010

La CGR tiene como misión cautelar el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos públicos; así como, promover mejoras en la gestión pública y luchar contra la corrupción y la participación ciudadana.

La CGR presenta anualmente al Congreso de la República, el informe de evaluación de la Cuenta General de la República referida a los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera.

Conforme a su ley orgánica el accionar de la CGR abarca además de la auditoría financiera, el control de la legalidad, la evaluación de la gestión en función de los objetivos trazados y los resultados obtenidos con relación a los recursos asignados, para tal efecto considera en su estrategia de mediano plazo, la evaluación del desempeño de las entidades públicas, considerándose como una de sus herramientas los Informes de Rendición de Cuentas de los Titulares de las entidades públicas.

Concepto de Rendición de Cuentas

Es un mecanismo a través del cual, los titulares, autoridades en general, funcionarios y servidores públicos informan sobre la gestión que realizan, con la finalidad de evaluar sus posibilidades y condiciones para el cumplimiento de su rol institucional y coadyuvar al mejoramiento continuo de su actividad.

Con la Rendición de Cuentas se contribuye a lo siguiente:

  • La mejora continua de la gestión del Sector público, al abrir espacios para la retroalimentación.
  • Fomentar la cultura de transparencia de la gestión al difundirse periódicamente los resultados.
  • Ambos aspectos contribuyen a la gobernabilidad y sostenibilidad del país en el largo plazo, dado que se institucionaliza el compromiso de la Administración Pública de brindar servicios de calidad y en forma oportuna a la ciudadanía en un ambiente de respeto al ordenamiento legal.